Integrantes de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte y de otros sectores del mundo gremial mostraron su respaldo a la propuesta que busca recaudar recursos extraordinarios para afrontar la pandemia a través de las grandes fortunas personales.

El proyecto, apuntado a las personas que tienen fortuna declarada de más de 200 millones de pesos, “constituye un ejercicio de madurez en el marco democrático”, afirmó Juan Carlos Schmid, Secretario General de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) y máximo referente de la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de La República Argentina (FeMPINRA)

 “Es momento de trabajar en un Estado capaz de hacer frente a las inequidades generadas por el mercado, porque estamos viendo cómo cada vez son más los compañeros que se están cayendo del sistema. Es hora de que los que ganan más hagan un esfuerzo y ganen menos”, agregó.

Asimismo, Sergio Sasia, Secretario General de la Unión Ferroviaria, gremio también integrante de la CATT, indicó que “es la hora de un Estado fuerte y de un pueblo unido, con políticas públicas en el marco de un plan que tenga como norte la Justicia Social, una mejor distribución de la riqueza, y una mejor calidad de vida para todos y todas. Ese es el camino para el desarrollo nacional, de eso se trata”.

El proyecto, según afirmaron desde el Frente de Todos, acumuló un amplio consenso social, “que según varias encuestas de opinión tiene el respaldo del 70 por ciento”, y debería producir para el Estado un ingreso superior a los 300.000 millones de pesos.

Se busca que el impuesto a las grandes fortunas sea implementado por única vez, dirigido a personas y no a las empresas, sobre la base de sus Declaraciones Juradas.

Según señalaron desde el oficialismo, está orientado a encontrar la ecuación óptima entre la menor cantidad de gente alcanzada y el mayor potencial de ingresos posible, pudiendo alcanzar así a 12.000 personas, que pagarían un gravamen progresivo de entre 2 y 3,5% de sus grandes fortunas, con beneficios para quienes tengan bienes declarados en el exterior y decidan repatriar el 30 por ciento de sus tenencias financieras.